🧵🧵🧵 Abro HILO a propósito de la revelación de Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal en este sexenio, quien propuso al gobierno federal una mesa de diálogo con el crimen organizado y logró, según él, que dos cárteles aceptaran sentarse en la mesa.
Primero, los acuerdos entre grupos criminales y gobierno federal han existido desde el siglo pasado. El PRI perfeccionó esa relación para delegar a capos poderosos las tareas de gobernanza en territorios donde el Estado no quería o no podía intervenir.
El Cártel de Guadalajara, por ejemplo, fue beneficiario de esos pactos en la vieja era priista. Sus integrantes repartían el territorio y decidían a los jefes regionales en acuerdo con la cúpula del gobierno federal, lo que garantizaba estabilidad y contención de la violencia.
El panismo también lo hizo: en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, el gobierno ayudó al Cártel de Sinaloa —y combatió a sus enemigos, como Los Zetas— con el objetivo de entenderse con un solo cártel que mantuviera a raya a otros. Una pax narca.
¿Y Morena? También. A principios del sexenio fue abiertamente conocido ese diálogo con el objetivo de pacificar el país. A diferencia de los acuerdos que tejían otros gobiernos, la 4T se salió de lo oscurito y lo hizo público… aunque no por mucho tiempo.
Ricardo Peralta, entonces subsecretario de Gobernación, tuvo en julio de 2019 una conversación pública con autodefensas michoacanas acusadas de ser brazo armado de un cártel local. La plática tenía como objetivo cambiarles armas por empleos en Tierra Caliente.
Luego, en agosto de ese año, Ricardo Peralta se citó públicamente en Tamaulipas con miembros de la Columna Armada Pedro J. Méndez, unos falsos autodefensas que son apéndice del Cártel del Golfo y que incluso la Sedena considera como crimen organizado.
Incluso, en el primer año de la 4T, la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero admitió que también hablaban con actores armados en Guerrero: “Estos grupos, al final del día, se han estado combatiendo unos a otros y han estado cometiendo homicidios”, dijo.
Esos diálogos cesaron cuando los entonces gobernadores de Michoacán y Tamaulipas —ambos opositores— acusaron al gobierno federal de dialogar con criminales. La acusación escaló a la mañanera y el presidente puso un freno. O, al menos, en público.
Poco después, Ricardo Peralta salió del gobierno, a pesar de su apodo como “El Subsecretario 911”, por su habilidad para apaciguar fuegos. Y al salir, muchos líderes de grupos armados se quedaron sin interlocutor en Los Pinos y en el Palacio de Cobián.
¿Siguieron las pláticas del poder político con el poder criminal, pero ahora en las sombras? No lo sabemos, pero a juzgar por la deferencia que tiene el presidente con ciertos capos es probable que sí. Y ojo: diálogo no es sinónimo de rendición, sino negociación.
La propuesta de Manuel Espino va en esa misma línea: sin claudicar en la procuración de justicia habría que buscar un diálogo con los grupos criminales, entender sus intereses y proponerles una tregua. ¿Algo similar a los acuerdo de paz en Colombia?
El tema despierta muchas pasiones. Para muchos, sería la admisión del gobierno mexicano de que no puede combatir a los grupos criminales que creó el propio Estado. Para otros, es una posible medicina, aún no probada, para salir de la crisis de violencia que cumple 16 años.
¿Debe el Estado dialogar con criminales? ¿Los legitima al sentarlos en la mesa? ¿Qué mensaje manda a las víctimas que aún esperan verdad y justicia? ¿Es válido integrar a los cárteles a una vida legal, si con eso detenemos la hemorragia?
¿Se puede el borrón y cuenta nueva en un país de más de 300 mil asesinados y más de 100 mil desaparecidos por el crimen organizado? Fin del HILO. 🧵🧵🧵
